El oficio del Príncipe.

Estatua de Nicolás Maquiavelo (Galleria degli Uffizi, Florencia).

Se puede considerar a Maquiavelo como el fundador de la Filosofía política en tanto reflexión del oficio político y su acción desde un estudio histórico de grandes figuras de exitosos gobernantes. La principal, original y genuina tesis, de la que resulta preciso estudiar todo aquello que entraña, es la desvinculación de la esfera política de la ética para contemplar un buen uso del delito, es decir, el político no siempre tiene que hacer el bien, si no que puede también hacer el mal, aunque no necesariamente. Esto no es distinto a decir que cualquier gobernante está legitimado a hacer uso del mal en determinadas circunstancias. De este modo se puede contemplar un nivel que va más allá de la ética como justificación de las acciones y conducta del gobernante (príncipe) creándose una nueva relación entre ética y violencia. ¿En qué consiste el buen uso del delito?, ¿cuáles son esas circunstancias que legitiman al gobernante a hacer el mal?, y ¿en qué consiste esa nueva relación de violencia y ética?

La conducta del gobernante tiene un principal objetivo para Maquiavelo, a saber, “la necesidad de asegurar la propia posición” (El Príncipe: VIII). Es por ello que todas las acciones buscarán este mismo fin, tomando como medio todo aquello que haga el príncipe, subordinando toda acción a esta máxima. Esto resulta de especial interés cuando un gobernante se encuentra (o se va a encontrar) ante una crisis en su Estado, bien porque acabe de fundarlo, bien porque sus súbditos se vayan a sublevar… ésta debe ser, y no otra, la clave con la que hay que leer el texto del autor. Esta máxima no solo engloba acciones buenas, morales y éticas provenientes de la virtud tradicional, si no que además entraña el delito, la violencia y la imposición por fuerza siempre y cuando persiga el fin citado, o dicho de otro modo, en el momento en que peligre la situación de un gobernante está legitimado a actuar sea cual sea la acción que necesita para mantenerse. Por ello sugiero para estas acciones la terminología “acción de estado”, en tanto que responden a una razón de estado y para poder distinguirlas de las propias de la ética y la moral. Reformulando lo explicado, un gobernante puede llevar a cabo una acción de estado para mantener su gobierno, pero, ¿es válida todo acción? En un momento se podría pensar que de eso se trata precisamente, pero no es así.

El hecho de que el príncipe en las circunstancias de crisis este legitimado al mal no entraña que todo valga en su conducta delictiva, pues toda acción ha de estar enfocada al fin de mantener la posición, es decir, no cabe albedrío en los delitos: un gobernante no puede delinquir según sus caprichos. De hecho Maquiavelo señala que “cuando se conquista un estado, el que lo ocupa tiene que pensar cuáles son los ultrajes que va a tener que cometer y hacerlos todos de una vez, para no tener que cometer uno nuevo cada día” (El Príncipe: VIII), esto es, no puede si no emplear una estrategia al hacer el mal para evitar así el vicio y adicción que supone la mala acción hablando en un sentido tradicional. Toda mala acción será útil en este sentido, es decir, de algún modo se dan consideraciones éticas en la conducta del príncipe pues no se trata de ningún modo de una injustificada legitimación para hacer el mal. Es por ello esencial estudiar la circunstancia y contemplar que tipo de acción que ésta demanda.

Pero, ¿por qué resulta útil para el gobernante la fuerza, la violencia, el delito, la astucia… a fin de cuentas lo que es el mal?, ¿cómo vincular la mala acción con la máxima de Maquiavelo, o lo que es lo mismo, cómo la mala acción puede estar enfocada a la necesidad de asegurar la propia posición del príncipe? Resulta necesario centrarse en este aspecto y explicarlo para no efectuar un abuso en tanto mal uso del pensamiento de Maquiavelo. He adelantado que toda acción del príncipe ha de ir enfocada a la consecución de un fin, a saber, el mantener su status. El hecho de que Maquiavelo acuda a la violencia se debe al escepticismo que mantiene en la posibilidad de perfección de la naturaleza humana, a la ineficacia de las leyes como reguladoras y fundamentalmente a la necesidad de establecer estabilidad basada en el gobierno del mismo príncipe, principal razón de estado.

Ahora bien, son razonables las dudas acerca de la conexión del la acción inmoral con dicho fin. Es por ello necesario analizar esta relación. La clave es contemplar, tal como lo hace Maquiavelo, que hay circunstancias extraordinarias que precisan de la crueldad, de la injusticia, de la mentira y de la violencia cuando las virtudes convencionales no son suficientes y se produce un defecto de uso. El principal objetivo del uso de las mismas es objetivo el remontar una situación o incluso la superación de crisis y la preservación del orden civil que entrañan de algún modo el fin último que es el preservar la situación el mismo príncipe, el dar una imagen pre-configurada, o lo también denominado como ilusionismo político, que toma forma en los actos que desempeña: alcanzar el temor, pero no el odio; sofocar reacciones que puedan degenerar en enfrentamientos y sublevaciones que pongan en entredicho la estabilidad del estado y del gobierno. Mantener imagen, eliminar problemas internos y externos al estado… asegurarse la posición al fin y al cabo en tanto que supresión de elementos desestabilizadores.

Se genera una nueva relación entre violencia y ética: el gobernante. El gobernante se sitúa “más allá del bien y del mal” para alcanzar un ámbito de acción mucho más amplio que el que tiene el gobernante que se ata y ancla en la ética cristiana pues es contemplado como un defecto de acción. Consiste en dar nuevos límites, un delimitar de nuevo, un redefinir el ámbito de lo que es legítimo en la conducta del príncipe. El príncipe educado por Maquiavelo no solo puede actuar conforme la ética cristiana, si no que puede hacer uso de la violencia siendo de algún modo complementarias y no excluyentes tal y como se entienden en el modo clásico. En la acción de estado, aquella que solo puede ser planeada, calculada y efectuada por el príncipe se incluyen la acción ética, destinada para los momentos en los que se precise la acción ética, y la violencia, en aquello que se necesite de la mala acción y del delito. Se da una nueva definición del delito en tanto que útil y por ello se redefine la relación con la ética. Pretende mostrar y demostrar que al igual que se tenía por certero que la ética, virtudes y valores especialmente cristianos eran esenciales en la acción política, también lo es la violencia analizando la legitimidad y la mediatización a la que se vincula.

Después de expuestas las líneas generales de “El Príncipe” no es válida la tesis, o al menos desde mi parecer, que se atribuye del pensamiento de Maquiavelo de que el fin justifica los medios, o no lo es al menos sin ciertas consideraciones. Habrá que ajustarla ya que el único que puede aplicar esta máxima es el príncipe o el gobernante, y no a cualquier fin, si no uno muy determinado, el de preservar su posición como príncipe. Solo si se entiende de este modo de que el fin justifica los medios se estará en posesión del pensamiento de Maquiavelo.

Alejandro Rodríguez Peña.

¿Despido libre?

En los últimos meses hemos visto como el mercado laboral no ha sido capaz de digerir la situación de crisis en la que nos encontramos inmersos .Esto ha originado un debate sobre los costes laborales y más en concreto sobre el coste de despido.

Si bien, el debate sobre el despido es inevitable en tiempos de altas tasas de desempleo, se ha polarizado en torno a dos posturas, una aboga por reducir de manera ambigua e imprecisa los costes laborales, mientras que la otra por mantener la regulación actual.

Antes de continuar, veamos cuales son los costes de despido actuales en España.

En España hay tres costes diferentes, idénticos para la pequeña y gran empresa: 1) 8 días de salario/año en la extinción de empleos temporales por obra y servicio.2) 20dias salario/año en despidos por causas empresariales con un margen de negociación sindical (E.R.E = expediente de regulación de empleo).3)33 o 45 días salario/año, dependiendo del contrato indefinido, en los despidos libres.

Nada más conocer la distribución del despido, podemos intuir que las empresas, por un lado, utilizan claramente los contratos temporales para abaratar el despido, el 30% de la población activa tiene este tipo de contratos, y por otro que recurrirán despidos libres, sin intermediación sindical, quedando sacrificada la segunda vía, que según los últimos datos tan solo afecta al 2,5% de los desempleados actuales.

La bipolarización en los costes de despido, origina una doble injusticia, primero la destrucción de empleo es soportada, principalmente, por los trabajadores más débiles, los temporales y en especial, los jóvenes y los poco cualificados. Segundo, el encarecimiento del despido de los empleos estables (33/45 días) es asumido, en su mayor medida, por la pequeña empresa, ya que las grandes corporaciones son más indiferentes a estos costes, ya que tienen la posibilidad de abaratarlos usando la opción de los E.R.Es y la negociación sindical (20 días salario/año).

Por lo tanto, vemos que un sistema que castiga simultáneamente a los trabajadores más débiles y a las pequeñas empresas ha de ser revisado. Pero no sobre el abaratamiento de los costes de despido, como ha propuesto la CEOE, ya que el empleo temporal (la tasa más alta de este tipo de empleo en la UE) ya lo abarata en exceso; y mucho menos sobre el despido libre.

El debate tiene que estar centrado sobre nuestro singular modelo de despido y la vulnerabilidad del mercado laboral ante la crisis económica.

Hay que apartar la idea de que la flexibilización del mercado laboral va a ser consecuencia del empleo temporal. Además la reorientación del modelo debe ser una oportunidad para diferenciar entre ámbitos empresariales y más que abaratar el despido, reducir los costes de la pequeña empresa, sin ello perjudicar a los trabajadores allí contratados.

En resumen, el debate suscitado sobre el despido no debe plantearse en términos de abaratamiento, que ya esta suficiente barato, por el impacto del empleo precario y extra-flexible y la existencia de un despido libre. Sino que se debe centrar en la creación de un mercado laboral menos vulnerable a las crisis económicas y con más incentivos para la creación de empleo, especialmente en las pequeñas empresas.

Oscar Requejo.

Andalucía no es solo palmas y taconeo.

Las formas de acercarse, conocer y modificar la naturaleza que poseen los miembros de un pueblo constituyen la identidad cultural del mismo. Los pueblos pertenecen, a diferencia de los Estados, a la larga duración histórica. Estos representan hechos de poder, pudiendo aparecer y desaparecer en el corto plazo, mientras que aquellos constituyen hechos culturales, con una vida dilatada, y no desaparecen sino que evolucionan y se transforman. El Estado liberal español, construido a lo largo del siglo XIX, se arrogó una identidad cultural propia y excluyente, fagocitando primeramente y negando después la de los pueblos que pretendió englobar. La cultura andaluza no fue una excepción, si bien constituye un caso peculiar al ser la identidad cultural de la que más elementos extrajo la nueva cultura española y, por tanto, la que continúa siendo negada en mayor grado.

La cultura del pueblo andaluz es extremadamente rica, pues es fruto de un importante número de influencias. En la base de la cultura andaluza se encuentra la herencia cultural de los antiguos pueblos tartesio e íbero, que a su vez habían sido fuertemente influenciados por fenicios y griegos. Las raíces del pueblo andaluz también pueden buscarse en las herencias latina, visigótica, bizantina, árabe-beréber, judía, gitana, negro-africana (a fines del siglo XVI en las ciudades andaluzas más pujantes la población negro-africana, mayoritariamente esclava, representaba cerca de un 10% de la población total), cristiano-europea y castellana. No se encontraba muy lejos de la realidad Ortega y Gasset cuando definió la cultura andaluza como la más antigua de las culturas vigentes en el Mediterráneo.

Al mismo tiempo Ortega también la consideró como la más moderna, en cuanto que cristalizó en los siglos XVIII y, sobre todo, XIX. Lo hizo en un momento en que Andalucía era dependiente económica y políticamente del exterior. Era víctima de una auténtica colonización económica, pues sus recursos mineros se encontraban explotados por manos extranjeras, las mismas que controlaban la exportación de sus productos agrícolas. Pero también política, como evidencia el hecho de que el gobernador civil de Huelva fuese elegido por el Gobierno español teniendo en cuenta la opinión de Londres. Viajeros europeos de época romántica contribuyeron a la proyección de lo andaluz en el exterior. Por su exotismo, el flamenco se convirtió en el elemento fundamental de la peculiar visión que los extranjeros forjaron de la cultura andaluza. Y el flamenco era el arte de los socialmente más desfavorecidos, pues únicamente requería la voz y el cuerpo humano, algo que hasta los más menesterosos poseían.

La diversidad, la pluralidad y la coexistencia culturales nunca han sido conceptos positivos en la cultura judeo-cristiana. La diversidad lingüística es explicada en la Biblia como un castigo divino. Y la Ilustración continuó abogando por la homogeneidad cultural, aunque fuese en nombre de un nuevo dios, la Razón. La puesta en práctica de los ideales de la Ilustración llevó a los liberales decimonónicos a construir nacionalidades culturales que, como en el caso de la española, se correspondiesen con la totalidad de los pueblos que cada nuevo Estado nacional quería englobar.

En el oligárquico Estado liberal español ejercieron una enorme influencia las élites sociales andaluzas, tanto la nobleza terrateniente como la burguesía rural y agrícola. Los enormes intereses que tenían depositados en Madrid constituyeron el motivo por el que la identificación de lo español con lo andaluz, así como la desactivación de la identidad cultural del pueblo andaluz, contase con la connivencia de dichas clases. Sus intereses en los intercambios comerciales con el exterior hicieron, además, que fuese aceptada la caracterización que los viajeros europeos habían construido de la cultura de Andalucía.

Hoy día continua negándose la existencia de la identidad cultural del pueblo andaluz, a pesar de que, como ha quedado dicho, posee unas raíces muy antiguas y diversas. Y también a pesar de que, según estudios sociológicos recientes, la mayor parte de los ciudadanos andaluces se identifican en primer lugar con Andalucía y en segundo lugar con su localidad de residencia, y sólo en tercer lugar con España. Entre los argumentos esgrimidos para obviar la realidad de la nacionalidad cultural andaluza están aquellos que, de acuerdo con un concepto reduccionista de la cultura que sólo considera expresiones culturales las de las artes estéticas y liberales, sostienen que en Andalucía no han proliferado tales expresiones artísticas. Es cierto que buena parte de las expresiones culturales andaluzas, como las de la inmensa mayoría de las culturas, son populares (tal es el caso del flamenco); pero también lo es que artistas como Góngora, Velázquez, Murillo, Bécquer, García Lorca o Picasso, considerados españoles, son ante todo andaluces. Si persiste la negación de la nacionalidad cultural de Andalucía es porque existe miedo a que su reconocimiento suponga la disolución de la cultura española.

Alberto Rodríguez Seguín.

África: la crisis no es excusa.

Cunde el pánico entre numerosas ONG’s, organizaciones de mujeres, grupos progresistas y buena parte de los partidos de izquierda por la reducción o, incluso, la suspensión del porcentaje de cooperación para ayuda al desarrollo que actualmente planea en el panorama internacional. Si el compromiso del 0,7% se antoja una quimera para algunos gobiernos de la Unión Europea, no hablemos ya de evitar la disminución de este porcentaje y, mucho menos, su aumento. La estrechez de miras y la miopía de ciertos gobiernos neoliberales y conservadores europeos es, sencillamente, escandalosa. El desarrollo de continentes como África, y remarco éste último, debe convertirse en una cuestión de Estado para los países más ricos, sencillamente, porque de ello depende la supervivencia de más de la mitad de la Humanidad y, por si alguien necesita motivos más egoístas, por la propia estabilidad de los países más pudientes. España, por su singular situación geográfica en el mapa europeo, es quien menos debe mirar hacia otro lado en esta cuestión.

El actual Gobierno socialista, destinando el 0’7% en ayuda al desarrollo, es quien tiene un papel preponderante en este terreno. Los gestos institucionales adquieren en este plano un valor fundamental y, en este sentido, no podemos dejar de reseñar el interés por ligar las políticas de cooperación al desarrollo al Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Creo que el nombre completo de éste último ya es, de por sí, suficientemente elocuente. Ello, junto con la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones cuyo principal impulsor y valedor ha sido, en buena medida, José Luis Rodríguez Zapatero, imponen a España una línea de actuación jalonada de compromisos ineludibles. La actitud es, en general, hoy por hoy y a mi juicio, la adecuada pero, a su vez, el mantenimiento de la coherencia se antoja un reto en esta materia, teniendo en cuenta la coyuntura económica en la que el mundo, sin excepción, se encuentra.

La pasada semana, Trevor Manuel, Ministro de Finanzas surafricano, comunicaba lo que sin duda parece un mal augurio. El que muy probablemente sea uno de los políticos más influyentes de su país, que padeció cárcel y represión formando parte del Congreso Nacional Africano (CNA), apuntaba a una crisis económica que para el continente africano puede significar el colapso político e institucional. Siendo así, conflictos como el de Somalia, el Congo o Sierra Leona pueden verse recrudecidos, por no hablar de las “ramificaciones” de los conflictos ya existentes, esto es, que, por ejemplo, el conflicto del Congo sea “exportado” a Ruanda -de hecho, el conflicto del Congo se desató en buena medida a raíz de las guerras de origen étnico en Ruanda- o que las guerrillas islamistas en Somalia terminen por trasladar esa lucha a Sudán. En Suráfrica, el país más rico de este continente, puede ver resurgir en su seno los viejos fantasmas de la xenofobia y del racismo.

Uno de los grandes problemas que ha de afrontar el conjunto del continente respecto a esta crisis es la persistencia tenaz de modelos heredados del colonialismo, según el testimonio de Trevor Manuel. Creo, sin embargo, que las relaciones económicas existentes en África con otros países ajenos al continente son de carácter colonial en cuanto a los mecanismos de focalización de la producción con fines a su exportación. Pero las relaciones internaciones en sí mismas, cada vez más directamente ligadas a la economía, se antojan algo más recientes puesto que proceden de los modelos de penetración en el continente de las distintas potencias de los dos grandes bloques surgidos durante la Guerra Fría y que trataron por diferentes medios de influir en la distribución de fuerzas y zonas de influencia durante los procesos de descolonización a lo largo de buena parte de la segunda mitad del siglo pasado. En este contexto, la influencia china, que durante la Guerra Fría necesitó abastecerse de productos en diversos países africanos a la vez que aprovechaba para extender su influencia política a costa de los países occidentales pero, sobre todo, en detrimento de la URSS, ha dejado a los países especializados en la producción y comercialización de un producto determinado en una situación delicada.

África poseía una riqueza mineral considerable, por lo que vivió una época de relativa bonanza cuando la gigantesca producción china demandaba cierto tipo de minerales. Estados Unidos se convertía, a su vez, en el comprador líder de productos chinos. No obstante, debido al sensible descenso de la demanda norteamericana recientemente, China ve caer en picado su producción y, a su vez, cesa de demandar materias primas y minerales a África. Conclusión: mientras que las economías se colapsan o caen hasta límites realmente preocupantes, el continente africano se hunde, literalmente. En Europa, el descenso del consumo de coches o casas, incide directamente en la demanda de aluminio o cobalto, que en buena medida procede, también, de África. Desde hace una década, los países de este continente parecían contar con una tabla a la que aferrarse en tiempos inciertos: el dinero que aquellas y aquellos que habían emigrado a Europa pudieran enviar a sus parientes en su país de origen. En el caso de España, la inmensa mayoría de la inmigración subsahariana lograba un empleo relativamente estable como para enviar remesas a sus países de origen en el sector de la construcción. Con la caída en picado de dicho sector, las cifras de paro entre sus trabajadores comienzan a ser francamente preocupantes. En el resto de la Unión Europea, el panorama tampoco era excesivamente halagüeño antes de que la burbuja inmobiliaria estallara en España. Las trabajadoras y trabajadores africanos pronto se vieron compitiendo, en diversas ocasiones, por los mismos puestos que los autóctonos como pueda ser el caso de Francia.

Por ello, al paro se uniría una tendencia proteccionista en lo que al mercado laboral se refiere y, más peligroso aún, a repuntes xenófobos. A todo ello se podría sumar, de manera hipotética pero plausible, el cese de la ayuda directa de los países ricos. Representantes del C-10 como Trevor Manuel, recordaban que los países más favorecidos habían cumplido poco menos de la mitad de aquellos objetivos fijados en la cumbre de 2002. Si esta situación se ha venido dando cuando se nadaba en la abundancia, no sorprendería que, tácitamente y sin previo aviso pero con toda intención, los países económicamente más avanzados terminaran por olvidarse por completo de sus compromisos, dando definitivamente la espalda a África. España tiene que destacarse, no obstante, no sólo por ser un país europeo que rechace tomar el camino fácil, sino, además, el que lidere la cooperación al desarrollo. Por ahora se sigue cumpliendo con el 0’7% y, por su parte, Juventudes Socialistas de España (JSE) predica con el ejemplo firmando un convenio con Solidaridad Internacional, ONG que financia proyectos de desarrollo en las regiones más deprimidas del continente, sobre en lo que se refiere a infraestructuras.

Considero, modestamente, que España debía elevar su porcentaje destinado a cooperación al 0,12% antes del próximo año. Y, por supuesto, convencer a sus socios de la Unión de que se unan a esta medida. Por si a alguien todavía las razones humanitarias no le bastan, insisto: se trata de invertir en futuro para unas relaciones internacionales más iguales y pacíficas, para combatir el crimen organizado orquestado en torno al tráfico de personas en los procesos migratorios y que salpica a España más acusadamente, por la seguridad y la justicia social en nuestro país y en los de nuestro entorno, para asegurar mayores cotas de bienestar entre todas y todos los trabajadores sean inmigrantes, autóctonos o españolas y españoles de primera generación. La crisis ya no es una excusa, debe ser nuestro acicate.

José Joaquín Pi Yagüe.

La represión franquista de la homosexualidad.

El 21 de noviembre del pasado año, el Grupo LGTB de JSM, recientemente refundado como La Fusta Roja, se dio a conocer organizando un pequeño homenaje a las víctimas de la persecución franquista de la homosexualidad. El presente artículo, también publicado en el blog de La Fusta Roja  http://lafustaroja.wordpress.com/ , pretende analizar someramente la legislación que sirvió de instrumento a la dictadura franquista para llevar a cabo dicha persecución. Para su redacción me ha sido de enorme utilidad el pequeño trabajo de N. Baidez Aparicio titulado Vagos, maleantes…y homosexuales. La represión de los homosexuales durante el franquismo (La Garriga, 2007)

LEY DE VAGOS Y MALEANTES (LVM).

Salvo los Códigos Militares, el resto de la legislación penal del Estado liberal decimonónico español no contemplaba la homosexualidad o “los actos de homosexualidad” como delito hasta 1928. Fue con la reforma del Código Penal aprobada durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera cuando se introdujo una referencia explícita a la homosexualidad: “El que, habitualmente o con escándalo, cometa actos contrarios al pudor con personas de su mismo sexo, será castigado con multas de 1.000 a 10.000 pesetas, e inhabilitación especial para cargos públicos de 6 a 12 años”.

La reforma del Código Penal llevada a cabo durante la II República derogó esta penalización. No obstante, en el Código Militar se mantuvo la condena a los “actos deshonestos” entre personas del mismo sexo, que conllevaba prisión militar de entre seis meses y tres años, así como la expulsión del servicio.

Fue también en época de la II República, y más concretamente durante el llamado “Bienio Negro”, cuando se aprobó la Ley de Vagos y Maleantes (4 de agosto de 1933). Esta ley se basa en los principios de la prevención especial, defendidos por Von Liszt y aplicados por el régimen nazi. Así, no condena delitos o faltas y les impone sanciones o penas, sino que tiene un carácter preventivo. Trata de evitar que ciertos sujetos potencialmente peligrosos, por “disposición o carácter” o por “conducción de vida”, lleguen a cometer actos que atentan contra “las buenas costumbres” y la sociedad. En palabras de su propio autor, el jurista Jiménez de Asúa, queda sometido a esta ley todo sujeto “[...] que por sus condiciones psíquicas, que constituyen o no entidades nosológicas [es decir, enfermedades] o simples desequilibrios permanentes o transitorios, por hábitos adquiridos o impuestos en la vida colectiva o por otras causas, simples o combinadas, se encuentra en la posibilidad, transitoria o permanente, de tener relaciones antisociales inmediatas”.

El estado de peligrosidad, así definido por la LVM, es anterior al delito. Aunque bien es cierto que en la práctica se establecería el criterio de la reincidencia para definir el estado de peligrosidad. Los sujetos considerados como peligrosos serían objeto de una serie de medidas de seguridad, diferentes según el tipo de peligrosidad de cada uno de ellos, para conseguir su rehabilitación y su reincorporación a la sociedad.

El texto de la LVM se estructura en dos títulos (Estados de peligrosos y Medidas de seguridad y procedimiento), tres capítulos (Estados de peligrosos, Medidas de seguridad y Aplicación de las medidas de seguridad) y veintiún artículos. De acuerdo con el Título I, son considerados “peligrosos” los mayores de edad de ambos sexos que sean vagos habituales, rufianes o proxenetas. También lo son los mendigos profesionales o aquellos que se aprovechen de la mendicidad ajena y/o exploten a menores de edad, lisiados o enfermos mentales. Existen otros tipos de peligrosos, pero en ningún momento se explicitan los actos de homosexualidad como causa de aplicación de las medidas de seguridad. No obstante, en el Título II, Artículo 9, queda abierta la posibilidad a que también puedan “estimarse como síntomas de peligrosidad los hechos reguladores de actividad antisocial aunque no estuvieren sancionados como delitos en el momento de su ejecución”. La homosexualidad sería uno de ellos. Y el homosexual podría ser sometido a las medidas de seguridad porque el simple hecho de ser homosexual lo convertía en un sujeto potencialmente peligroso.

Este último dato explica que el Régimen fascista no tipificase las prácticas homosexuales como delito hasta la modificación del Código Penal de 1944, donde estas se consideraron delito cuando saliesen del ámbito privado y tuviesen repercusión social. Aunque ocurriesen en privado, si de alguna forma trascendían a la vida pública, constituían delito, puesto que estos actos de “naturaleza impúdica” ofendían a las “buenas costumbres”. También constituían delito si comportaban abusos deshonestos o corrupción de menores. Con ello no se trataba de castigar conductas, sino que se intentaba defender a la sociedad de comportamientos individuales que se consideraban peligrosos para el conjunto.

Con el mismo fin fue modificada la LVM en 1954. El Titulo I es reformado para incluir nuevos “estados peligrosos”. En el Artículo 2, donde anteriormente solo estaban los rufianes y proxenetas, se incluye ahora a los homosexuales. Se trata, por tanto, de una condena a los sujetos homosexuales por el hecho de serlo, sin que necesariamente hayan mantenido relaciones de este tipo. Pero, puesto que en la definición práctica del estado de peligrosidad se acabó imponiendo el criterio de la reincidencia, la Sala de Apelaciones y Revisiones se encargaría de matizar este punto y establecer dos condiciones para poder imponer medidas de seguridad a los homosexuales. Una de ellas es la “ejecución de actos de ayuntamiento carnal perineales, activos o pasivos, de masturbación, de manoseo, de tocamientos mutuos o de onanismo bucal; todo ello entre personas del mismo sexo”. La segunda condición era la realización “continuada y repetida de estos actos de aberración”.

En el Artículo 6 se incluyeron las medidas de seguridad que debían de imponerse específicamente a los homosexuales. Una de ellas era el internado en un Establecimiento de Trabajo o Colonia Agrícola. En este caso los homosexuales deberían ser internados en instituciones especiales y completamente aislados de los demás. Otra de las medidas era la prohibición de residir en determinado territorio o lugar y la obligación de declarar su domicilio. Finalmente, los homosexuales debían quedar bajo la supervisión de Delegados, cuya función era la de tutorizarles e incluso ejercer de intermediario en la obtención de un trabajo para los tutorizados. Todas las medidas debían ser aplicadas por los Tribunales, que también tenían competencia para determinar el cese de las medidas de seguridad antes del tiempo máximo establecido, previo informe de los Delegados o autoridad administrativa sobre la corrección de los aspectos por los que se les habían aplicado las medidas de seguridad.

Pese a que en el preámbulo de la modificación de la LVM se justificaba la necesidad de la ley como medio para reformar a las personas que han caído a “un bajo nivel moral”, la práctica fue muy distinta. Los homosexuales cumplieron las medidas de seguridad en centros comunes, aunque aislados del resto de presos. La mayoría de los funcionarios de prisiones, procedentes en su mayor parte del Ejército, no tenían ningún tipo de formación para la rehabilitación de los presos. Por lo tanto los homosexuales simplemente se vieron privados de su libertad.

Cuando se habla de homosexuales se habla única y exclusivamente de homosexuales masculinos. A la mujer se le negaba cualquier tipo de placer sexual, ni siquiera en las relaciones heterosexuales. Por eso era impensable que existiesen mujeres homosexuales o lesbianas, y por eso el número de expedientes tramitados a estas es ínfimo en comparación con el de los tramitados a aquellos.

LEY DE PELIGROSIDAD Y REHABILITACIÓN SOCIAL (LPRS).

En la década de 1970, después de que otros países del entorno de España hubiesen derogado la penalización de la homosexualidad (la República Democrática de Alemania lo hizo en el decenio de 1950 e Inglaterra en el de 1960), el Régimen franquista recrudeció la represión de la misma a través de una nueva ley: la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Aprobada el 4 de agosto de 1970 (exactamente 67 años después de la aprobación de la LVM), se justificaba por la conveniencia de adaptar la antigua LVM a la terminología moderna y de mejorar la asistencia a los sujetos peligrosos con el fin de posibilitar su rehabilitación efectiva y reinserción social.

El texto se estructura en cinco títulos (De los estados de peligrosidad, De las medidas de seguridad y su aplicación; De la jurisdicción y procedimiento; Del recurso de abuso; y De la prescripción de las medidas de seguridad y otras normas supletorias) y treinta y cinco artículos. A la LPRS quedarían sometidos todos los mayores de 16 años, de ambos sexos, en los que quedara probado que eran vagos habituales, rufianes o proxenetas, los que realizasen actos de homosexualidad, los que habitualmente ejerciesen la prostitución o los que promoviesen el tráfico, comercio o exhibición de material pornográfico, entre otros dispuestos también por la ley anterior. No se observan cambios en las medidas de seguridad contempladas para los homosexuales y únicamente se amplía su duración, como en el resto de los supuestos. Se amplía el período máximo de internamiento en centros de reeducación y la sumisión a vigilancia de Delegados a cinco años.

Los principales centros asistenciales que se crearon para asistir a los homosexuales fueron los de Badajoz, para homosexuales activos, y Huelva, para homosexuales pasivos. Pero de nuevo, por falta de previsión y presupuesto, eran única y exclusivamente cárceles específicas para homosexuales. Y su saturación por el gran número de condenados por homosexualidad provocó que una importante cantidad de homosexuales tuvieran que cumplir las medidas de seguridad en centros ordinarios.

Tras la muerte del Dictador, los condenados por la LPRS no se beneficiaron ni del indulto de 25 de noviembre de 1975, ni de la Amnistía parcial concedida el 31 de julio de 1976.

Alberto Rodríguez Seguín.